Es razonable que las ciudades pongan límites al turismo y busquen un equilibrio entre visitantes y residentes. La calidad de vida de quienes habitan los barrios no puede quedar relegada a un segundo plano. Sin embargo, cuando las regulaciones que se están implementando en algunos municipios limitan las VUT sin hacer lo propio con la implantación de hoteles o bloques de apartamentos turísticos en edificios completos, se plantea la siguiente paradoja:
Por un lado, se prohíbe al ciudadano común ahorrar e invertir, con su trabajo y esfuerzo, en una vivienda cuyo destino sea el alquiler a turistas. Se argumenta que esta medida protege el acceso a la vivienda y evita la turistificación. Pero, al mismo tiempo, se permite que los grandes capitales, que son quienes tienen la capacidad de comprar edificios enteros, los conviertan en alojamientos turísticos sin mayores restricciones.
La reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) va en la misma dirección y genera exactamente las mismas consecuencias. Al permitir que las comunidades de propietarios prohíban o autoricen el alquiler turístico con una mayoría simple, se cercena la posibilidad de que los ciudadanos comunes participen en esta actividad. Sin embargo, esta restricción no afecta a quienes tienen la capacidad de convertir edificios enteros en alojamientos turísticos, pues los efectos prácticos de la prohibición o aprobación comunitaria solo se despliegan obviamente cuando los inmuebles tienen múltiples propietarios. Así, una vez más, el ciudadano común queda excluido, mientras que quienes tienen capital suficiente para adquirir edificios completos pueden seguir desarrollando la actividad sin obstáculos.
El papel de los grandes capitales
Es innegable que los grandes capitales juegan un papel necesario para posibilitar desarrollos que requieren una escala diferente a la que la mayoría del tejido socioeconómico local no puede acceder. Son necesarios y pueden ser beneficiosos en determinados ámbitos. Sin embargo, a medio y largo plazo, lo adecuado no parece reservarles el 100% de los ingresos turísticos. Los regidores locales deberían ser los primeros en defender a su tejido socioeconómico, conformado por sus alojamientos locales: los hoteles, pensiones y viviendas de uso turístico, cuyos propietarios y titulares son los propios vecinos del municipio.
Sin un tejido socioeconómico local, fuerte, competitivo y cohesionado, que sea capaz de tener un papel preponderante en la cadena de valor turística del destino, le ponemos alfombra roja a la turistificación. Y con ella, a las asimetrías de renta entre visitantes y población local, que terminan expulsando a los residentes de los productos y servicios que ofrecen los comercios y la hostelería de su propia ciudad. Los espacios de encuentro y vida cotidiana no se deben transformar en lugares inaccesibles para quienes residen y sostienen el destino.
Sinceramente, resulta especialmente sangrante que haya formaciones políticas “progresistas” que se resignen a abrazar la concentración de capitales como modelo para preservar la sostenibilidad turística. Si lo que el turismo tiene que ofrecer a la población local se limita al hueso (limpiar, poner un café, atender a los huéspedes y poco más), mientras que el jamón (el empleo cualificado, el valor añadido, gran parte de la tributación y los centros decisión), se reserva a los grandes capitales, no deberíamos sorprendernos de que el balance entre las externalidades positivas y negativas del turismo no sea celebrado por la población local.
Si el turismo es una oportunidad, debería serlo para todos, no solo para unos pocos. Y debería serlo primero, en cualquier caso, para los residentes locales.
Asier Pereda
Cofundador de The Rentals Collection. Responsable del área de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales en Fevitur. Presidente de Aparture.